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DETENCION DE PRODUCTOS FALSOS en perú

“Como sabemos, la legislación de Propiedad Industrial en materia de marcas posibilita a los titulares de marcas poder iniciar procedimientos de infracción para buscar que se sancione a los comerciantes que realicen actos de comercio con las marcas de su titularidad sin previa autorización”

 

En Perú este derecho está reconocido en el artículo 155 y 156 de la Decisión 486, que señala textualmente:

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento,

los siguientes actos:


a)  aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

En el desarrollo de los procedimientos de infracción, la Administración tiene la facultad de dictar las medidas cautelares tendientes a la preservación de la mercadería infractora, tal como se consigna en el literal d) Capitulo V Articulo 11 del Decreto Legislativo Nº 1075, que señala textualmente:

d) Exigir a las personas naturales o jurídicas, así como a entidades públicas o privadas, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, la adopción de cualquier medida que permita la preservación, permanencia e integridad de documentos, procesos y bienes objeto de investigación y la colaboración que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones.

En consecuencia, para el caso de las infracciones basadas en importación de mercadería que presumiblemente posee marcas registradas, la Administración, a pedido de parte, puede disponer la inmovilización de los contenedores respectivos en los terminales de almacenamiento, apenas lleguen al país.  Esto se justifica plenamente ya que el trámite mismo del procedimiento, al requerir una serie de pasos que se prolongan en el tiempo desde la interposición de la denuncia hasta la expedición de la resolución final (9 meses en nuestro caso), posibilitaría que la mercadería supuestamente infractora salga al mercado, siendo prácticamente imposible poder impedir su comercialización (por obvias razones) así como obtener muestras para la Administración para la verificación del uso de la marca, elemento esencial para la determinación de la comisión de una infracción o no.

Para evitar este inconveniente la legislación aplicable establece la facultad de la Administración para realizar una visita inspectiva al lugar de almacén de la mercadería y dictar la inmovilización de la misma hasta que se realice dicha inspección.  Esto garantiza la no entrada de la mercadería al comercio y la obtención de muestras para que la Administración pueda verificar la utilización de la marca registrada.

Así, el Terminal de Almacenamiento también se convierte en un participante indirecto del procedimiento de infracción, al estar sujeto a lo que determine la Administración con relación a la mercadería que se encuentre almacenada en sus instalaciones, debiendo acatar las inmovilizaciones que ésta disponga bajo pena de recibir sanciones pecuniarias, tal como se señala en el artículo 123º del D. L. Nº 1075, que señala:

Artículo 123.- Multas
Si el obligado a cumplir una medida cautelar ordenada por la autoridad nacional competente no lo hiciera, se le impondrá una multa no mayor de ciento cincuenta (150) UIT, para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios señalados para determinar la sanción. La multa que corresponda deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, vencido el cual se ordenará su cobranza coactiva.

En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad nacional competente podrá imponer una nueva multa, duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta.

Consideramos necesario precisar que la UIT asciende, a la fecha de elaboración de este artículo a US$ 1,403.85, por lo que estamos ante un disuasivo muy fuerte para los obligados a cumplir las medidas dispuestas por la Administración, la cual puede hacer cumplir estas multas de forma coercitiva mediante los embargos a que haya lugar.

Acabamos de ser testigos de un caso en el que un Terminal de Almacenamiento ha hecho caso omiso a una medida de inmovilización dictada por la Administración, al abrir el contenedor respectivo antes de la llegada de los inspectores.  La excusa que dio el terminal fue que debido a la proactividad de su personal, el cual quiso facilitar la labor de los inspectores, se procedió a abrir el contenedor antes de su llegada.  Evidentemente esto no es creíble ya que perfectamente se pudo manipular la mercadería en el periodo ubicado entre la apertura del contenedor y la llegada de los inspectores, perjudicando toda la investigación.

Felizmente, en este caso, una vez efectuada la inspección, se verificó que la mercadería estaba intacta, a pesar de lo cual la Administración dispuso aplicar una multa ascendente a US$ 7,019.23 por haber desobedecido la medida cautelar de inmovilización.

Esto es digno de recalcar, ya que habla de un muy efectivo mecanismo de presión de parte de la Administración para verificar que las investigaciones puedan llevarse de la manera más eficiente y efectiva posible, sancionando a los particulares que, como en este caso, pongan en peligro el desarrollo de los procedimientos, garantizando, a su vez, la correcta defensa de los derechos de los titulares de marcas.

 



Autor: Lilie C. Delion